Una nueva controversia política se instaló en Uruguay luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) concluyera que la exministra de Economía Azucena Arbeleche violó normas del Código de Ética de la Función Pública al firmar una exoneración fiscal para una empresa vinculada a su entorno familiar.
Según la resolución del organismo, Arbeleche intervino en una decisión que otorgó beneficios fiscales a la empresa Lanafil S.A., donde su esposo se desempeñaba como gerente general en ese momento. Para la JUTEP, esta situación generó un conflicto de intereses entre la función pública y un vínculo familiar directo.
La decisión que generó la polémica
El caso se remonta a 2022, cuando el Ministerio de Economía declaró “promovido” un proyecto de inversión presentado por la empresa ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). Esta resolución permitió que la firma accediera a beneficios fiscales y exoneraciones de tributos.
Para el organismo anticorrupción, la entonces ministra debía haberse excusado de intervenir en el trámite debido al vínculo familiar con uno de los principales responsables de la empresa. El Código de Ética establece que los funcionarios públicos no deben participar en decisiones que involucren a entidades con las que tengan relaciones familiares o personales que puedan generar conflictos de interés.
División en la JUTEP
La resolución fue adoptada por mayoría dentro del directorio del organismo. Los directores oficialistas votaron a favor de considerar que existió una violación a las normas de conducta pública, mientras que el representante de la oposición votó en contra al entender que la actuación de Arbeleche se ajustó a derecho y que no existió beneficio personal.
La respuesta de Arbeleche
Tras conocerse el fallo, la exministra rechazó las conclusiones y sostuvo que actuó siempre conforme a la normativa vigente.
“Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública”, expresó Arbeleche en sus descargos ante el organismo.
La exjerarca también afirmó que el proceso de aprobación del proyecto siguió los procedimientos técnicos habituales y que no existió trato diferencial ni beneficio indebido para la empresa.
Debate político en marcha
El fallo de la JUTEP reavivó el debate político sobre los conflictos de interés en la administración pública y generó reacciones dentro del sistema político uruguayo.
Mientras algunos sectores consideran que la resolución evidencia la necesidad de reforzar los controles éticos en la gestión pública, otros cuestionan el criterio del organismo y sostienen que la actuación de la exministra se ajustó a los procedimientos establecidos.
¿Qué opinás sobre este caso?
¿Creés que hubo conflicto de intereses o que se trató de una decisión administrativa normal?