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Escribanos piden que se analice la “legalidad” de una resolución de OSE por certificados y tarifas

La Asociación de Escribanos del Uruguay manifestó su “total desacuerdo” con la resolución Nº 1464/25 de OSE, que fijó un aumento del 8,5% en la tarifa de agua y saneamiento y estableció el cobro de 1 UR por certificados de saneamiento y libre de deuda. Solicitan fundamentos y advierten posibles impactos jurídicos y sociales. Aumento […]

La Asociación de Escribanos del Uruguay manifestó su “total desacuerdo” con la resolución Nº 1464/25 de OSE, que fijó un aumento del 8,5% en la tarifa de agua y saneamiento y estableció el cobro de 1 UR por certificados de saneamiento y libre de deuda. Solicitan fundamentos y advierten posibles impactos jurídicos y sociales.

Aumento de tarifas y nuevo costo para certificados

El pasado 31 de diciembre, Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió la resolución Nº 1464/25, que dispone un incremento del 8,5% en la tarifa de agua potable y saneamiento.

Además, la norma fija el cobro de una Unidad Reajustable (UR) —equivalente a $ 1.847,96— para la emisión de los certificados de saneamiento y libre de deuda.

Nota de la Asociación de Escribanos: “total desacuerdo” y “profunda preocupación”

En las últimas horas, la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) envió una nota a OSE en la que expresó su “total desacuerdo” con la decisión y manifestó su “profunda preocupación” por las consecuencias “jurídicas, sociales y operativas” que podría generar.

Piden fundamentos y cuestionan la habilitación legal

En su planteo, la AEU solicitó que se “analicen y fundamenten” varios puntos, entre ellos, la legalidad de fijar un costo mediante decreto para un certificado que consideran “indispensable” en la función notarial y en actos jurídicos vinculados al acceso a la vivienda.

Según la nota, el organismo advierte una posible “extralimitación de la potestad reglamentaria”, la “ausencia de una habilitación legal expresa” y que normas como las Leyes 14.497 y 18.840 (y su decreto reglamentario) “no prevén ni autorizan” la imposición de este costo, lo que podría implicar una vulneración de principios como legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Impacto en familias y acceso a soluciones habitacionales

La Asociación también alertó por el impacto económico del cobro del certificado, al considerar que recae sobre las familias, especialmente las más vulnerables, incluso en casos en los que acceden a soluciones habitacionales con exoneraciones de otros tributos.

En ese sentido, sostienen que el pago obligatorio del certificado puede convertirse en una “barrera económica adicional” e “injustificada”.

Demoras y problemas prácticos: plazos y padrones sin cuenta asociada

Otro de los puntos señalados por la AEU refiere al aspecto operativo: solicitan que OSE brinde “en forma detallada” información sobre el procedimiento para solicitar el certificado, el plazo cierto de expedición y el criterio a aplicar cuando no existe una cuenta de OSE asociada al padrón, situación que aseguran es frecuente y genera demoras.

“Afecta el interés general”, advierten

Para la AEU, la fijación de este costo “afecta el interés general”, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol del notariado en políticas públicas de vivienda, por lo que esperan una respuesta “clara, fundada y urgente” por parte de OSE.


Fuente: https://www.msn.com/es-xl/noticias/other/que-se-analice-su-legalidad-escribanos-preocupados-por-decreto-emitido-por-ose/ar-AA1Ull4F

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