El diputado del Partido Colorado Agustín Quintana presentó este martes un proyecto de ley que busca tipificar el nepotismo como delito penal, con el objetivo de sancionar a los funcionarios públicos que abusen de su cargo para designar o contratar familiares. La propuesta incluye penas de entre uno y dos años de prisión, así como una inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por un período de tres a cinco años.
La norma propuesta establece que serán pasibles de sanción aquellos funcionarios que, “en abuso de su posición, contraten, nombren o designen en la administración pública, por sí o por intermedio de terceros, a personas que tengan algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como cónyuges, concubinos o pareja”.
En diálogo con Montevideo Portal, Quintana afirmó que la legislación actual sobre la materia “es insuficiente” y que se requiere un nuevo tipo penal que permita combatir esta práctica. “Quizás un nuevo tipo penal pueda ayudar a mitigar este asunto y a poner un freno”, expresó.
El legislador, perteneciente al sector Vamos Uruguay —liderado por Pedro Bordaberry—, relacionó esta iniciativa con otros proyectos que buscan regular el ingreso a la función pública, especialmente en los gobiernos departamentales. “Las contrataciones llamadas vulgarmente ‘a dedo’ son un problema al que el sistema político le tiene que dar respuesta. La gente está bastante desilusionada del sistema político, y los políticos tenemos que empezar a dar respuesta a ese tipo de cosas”, afirmó.
La exposición de motivos del proyecto señala que el nepotismo “como forma de corrupción y abuso de poder no solo afecta la moral pública, sino que también obstaculiza el acceso a oportunidades laborales justas, limita la competencia profesional y perjudica la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
El texto abarca no solo al Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también a otros organismos del Estado, incluyendo la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales y entidades de derecho público no estatal, como Conaprole o Uruguay XXI.
De aprobarse, la norma implicaría un cambio sustancial en la legislación penal uruguaya, incorporando una figura jurídica que hasta ahora no tiene tipificación específica en el Código Penal.
📌 Fuente: Montevideo Portal
