La construcción del Polideportivo Don Bosco, presentada como una de las obras deportivas más importantes para Rivera, quedó en el centro de la polémica. Mientras la estructura permanece detenida, trabajadores denuncian salarios impagos y proveedores locales aseguran que también quedaron con deudas pendientes.
Lo que debía convertirse en un espacio de referencia para el deporte riverense hoy expone un problema mucho más profundo: una obra pública millonaria, una empresa adjudicataria cuestionada por los afectados y una Intendencia que deberá explicar qué controles realizó antes, durante y después de la contratación.
Una obra adjudicada por más de $185 millones
El llamado corresponde a la Licitación Pública 08/23, impulsada por la Intendencia Departamental de Rivera para la construcción de un polideportivo en la ciudad. Según la documentación oficial, el proceso recibió ofertas de siete empresas y finalmente fue adjudicado a CMK SRL, nombre fantasía Kapsel Construcciones.
La resolución de adjudicación establece que la empresa fue seleccionada por un monto total de $ 185.051.596, con IVA y leyes sociales incluidas. En el mismo documento se indica que la Comisión Asesora verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego antes de sugerir la adjudicación.
La propia Intendencia informó en enero de 2025 que la obra del Polideportivo Don Bosco contaba con una inversión de $ 160.000.000, estaría ubicada en el complejo Don Bosco, tendría canchas reglamentarias para cinco deportes y una infraestructura pensada para albergar a unas 1.500 personas.
Trabajadores sin cobrar y barracas afectadas
De acuerdo con denuncias recibidas por Tribuna Repleta, la situación actual es crítica. Trabajadores vinculados a la obra aseguran que quedaron sin cobrar, mientras proveedores locales, entre ellos barracas y comercios de Rivera, también habrían sido afectados por deudas generadas durante la ejecución del proyecto.
El reclamo no es menor: detrás de una obra pública detenida no solo hay cemento, hierro y estructuras sin terminar. También hay familias que dependen de su salario y empresas locales que confiaron en una obra respaldada por fondos públicos.
Los afectados sostienen que la empresa a cargo de los trabajos dejó obligaciones pendientes y que la obra no avanza con normalidad. Hasta el momento, no se conoce públicamente una explicación clara y completa sobre cómo se resolverán los pagos reclamados ni cuándo se retomarán los trabajos.
La pregunta central: ¿qué control hizo la Intendencia?
El punto político y administrativo más delicado recae sobre la Intendencia Departamental de Rivera. La empresa fue seleccionada dentro de un proceso formal de contratación pública, pero el desenlace actual obliga a preguntar si hubo controles suficientes sobre la capacidad económica, operativa y de cumplimiento de la adjudicataria.
La resolución oficial muestra que la adjudicación se realizó luego de comparar ofertas y verificar requisitos técnicos, financieros y administrativos. Sin embargo, la realidad denunciada por trabajadores y proveedores abre una interrogante inevitable: si todo estaba en regla, ¿cómo se llegó a una obra frenada y con personas reclamando pagos?
No alcanza con decir que la obra es responsabilidad de la empresa. Cuando se trata de una obra pública millonaria, la administración también tiene el deber de fiscalizar, exigir garantías, controlar avances y responder ante la ciudadanía.
Vía Trabajo y mano de obra local: otra discusión que vuelve a aparecer
El caso también reabre el debate sobre la contratación de trabajadores locales en obras de construcción. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lanzó en 2024 el programa “Promoción del empleo”, surgido del convenio colectivo de la industria de la construcción, con el objetivo de fomentar la inserción de mano de obra local en distintos proyectos del sector. En su primera etapa incluyó departamentos del norte del país, entre ellos Rivera.
Según el MTSS, tanto empresas como trabajadores deben inscribirse en la plataforma Vía Trabajo para participar de sorteos que asignan un porcentaje de mano de obra a los proyectos, buscando potenciar el empleo local y dar mayores garantías de transparencia.
Desde el sector sindical y desde reclamos locales se cuestiona que en obras públicas departamentales no siempre se incorporen mecanismos claros que aseguren sorteos transparentes y oportunidades reales para trabajadores riverenses. Si la obra se financia con recursos públicos y se ejecuta en Rivera, la pregunta es directa: ¿por qué no garantizar con más fuerza la participación de mano de obra local?
Una obra que debía ser orgullo y hoy exige respuestas
El Polideportivo Don Bosco fue presentado como una obra de alto impacto para el deporte y la comunidad. La Intendencia llegó a destacar que el proyecto tendría características únicas en la región norte del país, con tribunas, espacios para prensa, cowork y una infraestructura moderna.
Pero hoy la discusión ya no pasa solamente por las promesas. La preocupación está en los trabajadores que denuncian no haber cobrado, en los proveedores que reclaman pagos, en la obra detenida y en la falta de explicaciones públicas suficientes.
Rivera necesita saber qué pasó, cuánto se pagó, qué controles se hicieron, qué garantías se ejecutarán si corresponde, cuándo se retomará la obra y quién responderá por las deudas denunciadas.
Resumen del caso
- La obra corresponde a la Licitación Pública 08/23 de la Intendencia de Rivera.
- Fue adjudicada a CMK SRL, nombre fantasía Kapsel Construcciones.
- El monto adjudicado fue de $ 185.051.596, con IVA y leyes sociales incluidas.
- La IDR informó que el Polideportivo Don Bosco tendría capacidad para 1.500 personas.
- Trabajadores denuncian salarios impagos.
- Proveedores locales aseguran que también quedaron con deudas pendientes.
- El caso abre cuestionamientos sobre fiscalización, garantías y contratación de mano de obra local.
La obra del Polideportivo de Rivera no puede quedar en silencio. Si hubo incumplimientos, deben explicarse. Si hay trabajadores sin cobrar, deben tener respuesta. Y si hubo fallas de control, la ciudadanía tiene derecho a saber quién se hace responsable.
