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INR investiga a funcionario policial por presunta violación a reclusa internada en clínica de Montevideo

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dependiente del Ministerio del Interior, investiga a un funcionario policial acusado de violar a una reclusa durante su custodia en una clínica de Montevideo. El hecho, denunciado por la propia víctima, habría ocurrido el jueves 1º de mayo en la clínica Casa Fuente del Prado, donde la mujer se […]

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dependiente del Ministerio del Interior, investiga a un funcionario policial acusado de violar a una reclusa durante su custodia en una clínica de Montevideo. El hecho, denunciado por la propia víctima, habría ocurrido el jueves 1º de mayo en la clínica Casa Fuente del Prado, donde la mujer se encontraba internada por motivos de salud.

La mujer, privada de libertad por un delito de extorsión y con pocos meses restantes para cumplir su condena de aproximadamente dos años, fue hospitalizada durante 20 días. Según su testimonio, la agresión sexual ocurrió mientras un funcionario la custodiaba dentro del centro médico. Al recibir el alta, contactó a su familia y formalizó la denuncia, lo que permitió identificar al presunto autor del abuso.

El abogado del funcionario investigado, Rodrigo Rolón, confirmó que la mujer presentaba lesiones físicas, incluyendo golpes constatados por profesionales médicos, y signos visibles de trauma. Además, fue diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual que, según sostiene la denunciante, habría contraído durante el episodio.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que el caso “está en plena investigación” y no se descartan medidas disciplinarias o judiciales según los resultados que arroje el proceso. Hasta el momento no se ha informado si el funcionario fue separado de su cargo ni si enfrenta alguna imputación formal.

Este nuevo caso genera preocupación en el sistema penitenciario y revive cuestionamientos sobre los mecanismos de custodia y protección de personas privadas de libertad, especialmente en contextos hospitalarios. Organismos de derechos humanos ya han solicitado información al respecto, y no se descarta que el caso derive en una causa penal con implicancias institucionales más amplias.

Fuente: Montevideo Portal

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