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Pablo Laurta: del activismo antifeminista a ser acusado por un doble femicidio en Córdoba

La provincia de Córdoba atraviesa una fuerte consternación tras el asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y el secuestro de un niño de cinco años. El principal sospechoso es Pablo Laurta, ciudadano uruguayo de 37 años, expareja de Giardina y padre del menor, quien fue detenido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, […]

La provincia de Córdoba atraviesa una fuerte consternación tras el asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y el secuestro de un niño de cinco años. El principal sospechoso es Pablo Laurta, ciudadano uruguayo de 37 años, expareja de Giardina y padre del menor, quien fue detenido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Uruguay. Laurta, conocido en redes sociales por su militancia antifeminista y por haber fundado la comunidad digital “Varones Unidos”, enfrenta cargos por doble femicidio y privación ilegítima de la libertad.

Laurta fue arrestado en el hotel Berlín, donde se alojaba mientras organizaba su huida. El niño fue encontrado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo de las autoridades. La investigación indica que el acusado habría escapado de Córdoba inmediatamente después de cometer los homicidios, ocurridos en la mañana del sábado dentro de la vivienda familiar.

Nacido en Montevideo, Laurta residió en el barrio Buceo antes de radicarse en Argentina. Su nombre había comenzado a circular en redes sociales por su defensa de los llamados “derechos de los hombres” y su rechazo abierto a las políticas de igualdad de género. En ese contexto, fundó “Varones Unidos”, una página y comunidad virtual donde promovía la idea de que el feminismo “victimiza a la mujer y criminaliza al hombre”.

En los meses previos al crimen, Laurta llevó su conflicto personal con Giardina al terreno digital. Desde su cuenta de X (ex Twitter), difundió publicaciones en las que acusaba a la Justicia cordobesa de haber “legitimado el secuestro internacional de un niño”. En esos mensajes, presentaba su versión de la disputa por la tenencia de su hijo y señalaba a su expareja como responsable de un supuesto complot en su contra, liderado —según él— por “funcionarias feministas”.

Sin embargo, la denuncia presentada por Luna Giardina ante los tribunales trazaba un panorama completamente distinto. La joven, de 24 años, relató haber sido víctima de control, manipulación y violencia física y sexual. Aseguró que Laurta la forzaba a mantener relaciones en contra de su voluntad, le prohibía trabajar o usar redes sociales y la aislaba de su entorno familiar. En su testimonio también mencionó un intento de ahorcamiento, hecho que la llevó a abandonar Uruguay junto a su hijo para radicarse nuevamente en Córdoba.

Tras el doble crimen, la Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba avanzó con la imputación por femicidio vinculado, figura que contempla los asesinatos cometidos contra familiares o allegados de una mujer en contexto de violencia de género. Las primeras pericias indicaron que Mariel Zamudio, madre de la víctima, habría intentado intervenir para proteger a su hija.

La detención de Laurta fue posible gracias a una alerta roja de Interpol y a la coordinación entre fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas. El acusado fue trasladado bajo custodia y será indagado por doble homicidio calificado y sustracción de un menor. El niño fue entregado a familiares y recibe acompañamiento psicológico.

En Uruguay, el nombre de Laurta era conocido dentro de grupos de activismo masculino y foros de Internet. “Varones Unidos” había sido denunciado por organizaciones feministas por difundir mensajes misóginos y justificar la violencia contra las mujeres. Pese a ello, Laurta se mostraba en entrevistas y publicaciones como un “defensor de los hombres perseguidos por la justicia”.

El doble femicidio en Córdoba no solo expone la brutalidad de un crimen doméstico, sino también las consecuencias sociales del discurso de odio en redes. Expertos en violencia de género advirtieron que casos como el de Laurta revelan cómo la radicalización digital puede derivar en conductas violentas fuera del entorno virtual.

Mientras la investigación judicial avanza, el caso sigue generando debate en Argentina y Uruguay sobre el impacto del activismo antifeminista, el uso de Internet para difundir ideologías extremas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención ante la violencia de género.

Fuente: La Voz

Foto: El Debate

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