Piden a la Justicia frenar definitivamente las obras y alegan violación constitucional
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo social Los Tucu Tucu de San José presentaron este domingo una demanda judicial en la que solicitan la nulidad del contrato firmado entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo, responsable de construir una planta potabilizadora en Arazatí.
La acción legal incluye una solicitud de medida cautelar de “no innovar”, con el objetivo de mantener paralizada cualquier ejecución, avance o conclusión de las obras, actualmente suspendidas por 90 días desde abril por decisión del gobierno.
Argumentos constitucionales
Según el escrito presentado, al que accedió La Diaria, el contrato infringe los artículos 47 y 188 de la Constitución, reformados en 2004 mediante plebiscito. Esa reforma estableció que el agua es un derecho humano fundamental y que su servicio debe ser prestado por el Estado, en forma directa y exclusiva.
“El contrato no es una obra con fallas administrativas, sino nulo desde su origen”, señala el documento. A juicio de los demandantes, privatiza etapas esenciales del ciclo del agua, como la captación, el almacenamiento y el mantenimiento del sistema.
Posición de los denunciantes
Carlos Píriz, vocero de Los Tucu Tucu, declaró que “el pueblo ya se pronunció en 2004. Este contrato desconoce ese mandato y favorece intereses privados sobre un bien común”.
El movimiento sostiene además que el esquema financiero previsto convierte al servicio público en una “fuente de rentabilidad garantizada para capitales privados”, algo que consideran contrario al orden público constitucional.
Estado actual del contrato
Desde el 8 de abril, las obras permanecen suspendidas por acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el consorcio, a fin de reexaminar las condiciones del contrato. Sin embargo, las organizaciones exigen que el proyecto sea cancelado en su totalidad.
El contrato con Aguas de Montevideo ha generado múltiples críticas desde su anuncio, tanto por aspectos jurídicos como ambientales. La planta proyectada busca captar agua del Río de la Plata y abastecer a la zona metropolitana, como respuesta a la crisis hídrica de 2023.
La Justicia deberá ahora evaluar si da lugar a la medida cautelar y si el contrato vulnera efectivamente la normativa constitucional.
