El intendente de Cerro Largo, el nacionalista Christian Morel, denunció que la comuna enfrenta una deuda de 1.630 millones de pesos, cuentas impagas con Ancap, líneas de crédito cerradas y una “superpoblación” de funcionarios que, a su entender, refleja prácticas de clientelismo político.
Entrevistado en M24, Morel afirmó que en el departamento “últimamente no se les tenía mucho cariño a los dineros públicos”. Señaló que su antecesor, el también nacionalista José Yurramendi, asumió con una deuda de 600 millones de pesos, la cual casi se triplicó, además de dejar comprometida a la intendencia con un subsidio a diez años.
Según el jefe comunal, parte de esa situación responde a la existencia de sueldos “de altos montos” y compensaciones otorgadas a personal contratado en el último año a través de organizaciones no gubernamentales. Como ejemplo, citó el caso de una persona que percibía $227.000 por tareas de comunicación, en un área donde había 27 funcionarios.
Morel aseguró que actualmente la comuna cuenta con unos 500 empleados más de los necesarios, y que en los primeros 15 días de su administración ya se produjeron unas 140 desvinculaciones entre renuncias y despidos.
Las declaraciones motivaron una fuerte respuesta del exintendente y senador Sergio Botana, quien acusó a Morel de actuar con “ignorancia” y “mala intención”. En diálogo con El Observador, Botana sostuvo que los funcionarios cesados pertenecen al sector político opuesto al del actual intendente, y que eran trabajadores con experiencia, buen desempeño y asistencia regular.
Como ejemplo, denunció que una funcionaria recientemente operada fue destituida, y advirtió que “Morel está dividiendo al pueblo con una violencia inusitada, mediante acusaciones que nunca conocimos. Es de una irresponsabilidad absoluta. Hay persecución política”.
En cuanto a las finanzas, Botana discrepó con las cifras de su sucesor y afirmó que la deuda real es de 1.100 millones de pesos, cifra que, según dijo, puede afrontarse con los ingresos del próximo semestre. Además, aseguró que la intendencia dispone de US$ 8 millones en caja, provenientes de un fideicomiso aún no utilizado, lo que permitiría regularizar pagos y acceder nuevamente a líneas de crédito.
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Fuentes: En Perspectiva
