Tras más de dos décadas de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado uruguayo a indemnizar a los ahorristas damnificados por la caída del ex Banco Montevideo durante la crisis financiera de 2002.
El fallo, emitido esta semana, responsabiliza al Estado por la “falta de supervisión” en las actividades de la institución bancaria, lo que —según la Corte— facilitó las irregularidades que llevaron a la pérdida de los depósitos de cientos de clientes.
La sentencia establece que Uruguay deberá pagar un total de US$ 2.786.000, con un tope de hasta US$ 100.000 por ahorrista afectado.
El caso fue presentado en 2002 y ha atravesado diversas instancias judiciales nacionales e internacionales. Ahora, con el dictamen de la Corte IDH, el Estado deberá ejecutar el pago como parte de la reparación a las víctimas.
Se trata de un precedente relevante en la región sobre la responsabilidad de los Estados en el control y supervisión del sistema financiero.
