El proyecto de ley que acorta los plazos para expropiar viviendas en desuso con deuda compensable fue aprobado en Diputados con amplio respaldo y vuelve al Senado para su sanción final. En Rivera, el debate toma fuerza tras planteos que señalan miles de viviendas vacías y más de 1.500 casas abandonadas que podrían convertirse en soluciones habitacionales.
La iniciativa busca darle al Estado y a los gobiernos departamentales una herramienta más ágil para recuperar inmuebles abandonados, degradados o con deudas, y destinarlos a políticas de vivienda, proyectos sociales o usos comunitarios.
Pero en Rivera la discusión no puede quedar solamente en el anuncio. Si realmente existen cientos o miles de casas vacías, tapiadas o abandonadas, la pregunta central es qué se hará con esos inmuebles, quién decidirá su destino y cómo se controlará que no terminen en promesas incumplidas o en manejos poco transparentes.
Diputados aprobó el proyecto y vuelve al Senado
Según informó El Popular, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría, con solo dos votos en contra, el proyecto de ley de abreviación del trámite de expropiación de viviendas en desuso con deuda compensable. Como el texto tuvo modificaciones en Diputados, ahora debe volver al Senado para su consideración final.
El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado en octubre de 2025 y luego fue tratado en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados. La iniciativa apunta a acortar procedimientos que hoy pueden ser demasiado largos para actuar sobre inmuebles abandonados, degradados o con problemas de salubridad.
De acuerdo con información publicada por Uypress, el objetivo del proyecto es actualizar el marco normativo y agilizar el trámite expropiatorio, contemplando medidas provisorias para situaciones de urgencia durante el proceso.
No se trata de expropiar cualquier vivienda
Uno de los puntos importantes del debate es aclarar que el proyecto no apunta a quitar viviendas habitadas ni casas comunes de familias que viven en ellas o las mantienen en uso.
El centro del proyecto está en los inmuebles en desuso, abandonados, degradados, con riesgo edilicio, problemas de salubridad o de higiene pública, y con deudas compensables con el Estado.
El diputado colorado Walter Cervini, presidente de la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados, explicó en Medios Públicos que el proyecto busca dejar claro el interés público por el cual se inicia el procedimiento y garantizar la propiedad privada, con el pago correspondiente cuando el Estado toma posesión de un bien.
Cervini también aclaró que la deuda no sería por sí sola el motivo para iniciar el trámite, sino que el inmueble debería tener problemas de seguridad edilicia, salubridad o higiene. Si registra adeudos fiscales con el organismo que expropia, esa deuda se compensaría con el valor de la indemnización determinada en el proceso.
Qué significa “deuda compensable”
La idea de deuda compensable implica que, cuando un inmueble tiene deudas con el organismo que lo expropia, esas deudas puedan descontarse del monto de la indemnización correspondiente.
En la práctica, esto permitiría actuar sobre propiedades que acumulan deudas durante años, que nadie mantiene, que pueden convertirse en focos de inseguridad o problemas sanitarios, y que al mismo tiempo están ubicadas en zonas donde el suelo urbano tiene valor social.
El diputado Daniel Diverio, del Espacio 1001, lo resumió en diálogo con El Popular como una forma de “transformar deudas incobrables en activos para la ciudad”.
El impacto social: viviendas vacías mientras faltan soluciones habitacionales
El problema de las viviendas vacías no es menor. El Instituto Nacional de Estadística informó, con datos del Censo 2023, que Uruguay registró 1.659.048 viviendas, de las cuales el 19,5% se encontraban desocupadas.
Esto significa que casi una de cada cinco viviendas del país estaba desocupada al momento del relevamiento. El fenómeno no es igual en todos los departamentos, pero muestra una contradicción fuerte: mientras miles de familias no logran acceder a una vivienda digna, una parte importante del stock habitacional permanece vacío.
El propio INE señaló que la variación entre departamentos invita a analizar el uso o destino de los inmuebles desocupados. En algunos casos pueden ser viviendas de temporada, en alquiler o venta, en construcción o reparación. Pero en otros casos se trata de inmuebles abandonados, ruinosos o fuera del circuito habitacional.
Rivera entra en el debate
En Rivera, Oscar Andrade planteó públicamente la existencia de 7.285 viviendas vacías, de las cuales más de 2.000 estarían tapiadas, y habló sobre el proyecto de ley que busca simplificar el proceso de expropiación para dominio público.
Además, se señaló que en Rivera habría más de 1.500 casas abandonadas, y que el Ministerio de Vivienda busca herramientas para que esos inmuebles puedan ser destinados a la población, generando menos gasto público y más soluciones habitacionales.
Estos datos, planteados en el marco del debate político local, colocan a Rivera frente a una discusión urgente: si hay viviendas abandonadas dentro de la ciudad, ¿por qué seguir empujando a familias hacia la periferia, donde muchas veces faltan servicios, transporte, saneamiento y acceso adecuado a centros educativos o de salud?
La ANV ya tiene un registro de inmuebles urbanos vacíos y degradados
La Agencia Nacional de Vivienda cuenta con una sección pública sobre inmuebles urbanos vacíos y degradados, con datos conforme al Decreto N.º 242/019, reglamentario de la Ley N.º 19.676.
Ese registro permite consultar padrones por departamento y localidad. Esto es importante porque demuestra que el problema no se discute únicamente desde declaraciones políticas: ya existe un marco legal y administrativo vinculado a inmuebles urbanos vacíos y degradados.
La pregunta para Rivera es si la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, la ANV y otros organismos van a cruzar datos reales sobre deuda, abandono, riesgo edilicio, ubicación y necesidad habitacional para transformar esas casas en soluciones concretas.
Una herramienta necesaria, pero no alcanza con aprobar la ley
El proyecto puede ser una herramienta importante, pero no es una solución mágica. Tener una ley no garantiza que las viviendas recuperadas terminen realmente en manos de familias que las necesitan.
Para que funcione, Rivera necesita un plan claro, con criterios públicos, prioridades sociales y controles. No alcanza con decir que se van a recuperar casas abandonadas: hay que explicar cuáles, en qué zonas, bajo qué procedimiento, con qué destino y quién va a fiscalizar el proceso.
También será necesario saber si los inmuebles recuperados serán destinados a cooperativas, alquiler social, realojos, familias en emergencia habitacional, jóvenes, madres con hijos, personas mayores o proyectos comunitarios.
El gran riesgo: que termine siendo otra promesa sin control
El debate en Rivera debe abrirse con una advertencia clara: si esta herramienta se aplica sin transparencia, puede convertirse en un nuevo foco de discrecionalidad.
La ciudadanía tiene derecho a saber si las casas recuperadas serán usadas para proyectos sociales reales o si terminarán en acuerdos poco claros, favoritismos, clientelismo político o anuncios que después no se cumplen.
Rivera ya ha visto obras prometidas, obras frenadas, proyectos demorados y reclamos vecinales que quedan sin respuesta. Por eso, si se habla de expropiar casas abandonadas para destinarlas a vivienda social, el proceso debe tener control público desde el primer día.
Qué debería exigir Rivera
Si el proyecto se convierte en ley y comienza a aplicarse en el departamento, Rivera debería exigir como mínimo un relevamiento público de inmuebles abandonados, degradados o tapiados, con criterios técnicos y no políticos.
También debería existir información clara sobre la deuda de cada padrón, el estado edilicio, el motivo de la intervención, el destino previsto y el organismo responsable.
Además, sería necesario que la Junta Departamental, los municipios, organizaciones sociales, cooperativas de vivienda y vecinos participen en el seguimiento del proceso. La vivienda es un derecho demasiado importante como para dejarlo encerrado en oficinas o decisiones sin explicación pública.
El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad
Daniel Diverio sostuvo que la ley puede tener un amplio impacto social porque permite recuperar acceso a zonas de la ciudad de las que muchas familias trabajadoras son expulsadas por el costo del suelo y los alquileres.
El legislador también vinculó la vivienda con la pobreza infantil, la educación, el trabajo y la salud. La falta de una vivienda adecuada no es solo un problema de techo: afecta la vida completa de una familia.
Cuando una persona vive lejos de los servicios, en una zona sin calles adecuadas, sin saneamiento, con dificultades de transporte o con una dirección estigmatizada, también se reducen sus oportunidades de estudiar, trabajar y desarrollarse.
El debate de fondo: interés social o especulación
El proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión profunda: qué debe pesar más cuando una casa permanece abandonada durante años, genera deuda, deterioro urbano y problemas para el barrio, mientras otras familias no tienen dónde vivir.
La propiedad privada tiene garantías y debe respetarse. Pero también existen deberes vinculados al uso del suelo urbano, la seguridad edilicia, la salubridad y el interés general.
Si un inmueble se transforma en ruina, acumula deudas, perjudica al entorno y permanece fuera de todo uso social, el Estado debe tener herramientas para intervenir con garantías, pero también con firmeza.
La pregunta para la Intendencia de Rivera
Con este proyecto, la Intendencia de Rivera quedaría frente a una responsabilidad concreta: no alcanza con acompañar el discurso de recuperar viviendas abandonadas. Tendrá que demostrar si cuenta con información, equipos técnicos, voluntad política y transparencia para aplicar la herramienta correctamente.
¿Cuántas casas abandonadas hay realmente en Rivera? ¿Cuántas tienen deuda compensable? ¿Cuántas están en riesgo edilicio o sanitario? ¿Cuántas podrían destinarse a vivienda social? ¿Qué barrios serían priorizados? ¿Quién controlará que no haya acomodos?
Estas son las preguntas que deberían responderse antes de cualquier anuncio.
Resumen del tema
- Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que abrevia trámites de expropiación de viviendas en desuso con deuda compensable.
- Como tuvo modificaciones, el texto vuelve al Senado para su sanción final.
- El proyecto apunta a inmuebles abandonados, degradados, con problemas de salubridad o seguridad edilicia.
- No se trata de expropiar cualquier vivienda ni casas habitadas por familias.
- La deuda compensable permite descontar adeudos del valor de indemnización cuando corresponde.
- El INE informó que el 19,5% de las viviendas del país estaban desocupadas según el Censo 2023.
- En Rivera, Oscar Andrade planteó la existencia de 7.285 viviendas vacías y más de 2.000 tapiadas.
- También se señaló que habría más de 1.500 casas abandonadas en el departamento.
- La ANV ya cuenta con un registro de inmuebles urbanos vacíos y degradados.
- El gran desafío será garantizar transparencia, control ciudadano y destino social real.
Rivera necesita vivienda, pero también necesita garantías. Si las casas abandonadas van a transformarse en soluciones habitacionales, el proceso debe ser público, controlado y orientado a quienes realmente lo necesitan. Que no sea otro anuncio más. Que no termine como tantas obras prometidas, demoradas o sin explicación. La vivienda social no puede ser terreno para la especulación ni para el acomodo político.
Fuentes
- El Popular – “Una ley con amplio impacto social”
- Uypress – Proyecto sobre trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable
- Medios Públicos – Entrevista a Walter Cervini
- INE – Censo 2023: viviendas desocupadas
- INE – Caracterización de viviendas desocupadas
- ANV – Inmuebles urbanos vacíos y degradados
- Video mencionado sobre actividad en Rivera
