El gobierno uruguayo busca resolver mediante diálogo el conflicto surgido tras la cancelación del contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos buques para la Armada Nacional.
A menos de una semana del anuncio de rescisión del contrato con Astilleros Cardama, el gobierno uruguayo dio señales de apertura al diálogo con la empresa gallega, luego de que surgieran diferencias en torno a las garantías presentadas para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV). El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que Uruguay recurrirá a los mecanismos de mediación previstos en el contrato para resolver el conflicto.
“Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, también somos los primeros interesados en recorrer los caminos establecidos en el acuerdo para resolver las diferencias”, expresó Sánchez. El jerarca subrayó que el Estado uruguayo actuará dentro del marco del Estado de derecho, asegurando que “habrá espacios de mediación, discusión y, si es necesario, de resolución judicial”.
Por su parte, el astillero vigués defendió su actuación, asegurando haber cumplido con todas sus obligaciones contractuales. En un comunicado, la empresa afirmó que “las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas” por las autoridades uruguayas durante la gestión anterior, y que no existe “incumplimiento ni perjuicio alguno”.
🔹 Un conflicto que escaló rápidamente
La decisión de rescindir el contrato fue anunciada por el presidente Yamandú Orsi el 22 de octubre, acompañado por altos funcionarios de Presidencia. La medida generó impacto tanto en el ámbito político como empresarial, especialmente porque se produjo pocos días después de una reunión cordial entre representantes de Cardama y el Ministerio de Defensa, en la que se había evaluado positivamente el avance del proyecto.
El gobierno fundamentó la decisión en supuestas irregularidades en las garantías de fiel cumplimiento, mientras que el astillero español consideró la medida “apresurada” y sin causa válida, recordando que el contrato continuaba vigente y la construcción de los buques avanzaba de acuerdo con el cronograma pactado.
La situación derivó en incertidumbre entre proveedores y contratistas, y abrió la posibilidad de que el conflicto derivara en instancias judiciales internacionales. No obstante, tanto el gobierno como la empresa parecen dispuestos a evitar esa vía, priorizando una solución técnica y diplomática.
🔹 Avances y diferencias en la construcción
Uno de los puntos más discutidos ha sido el estado real de avance de las obras. Informes internos del gobierno indicaban posibles retrasos, aunque el astillero sostiene que el proyecto marcha según los plazos contractuales y bajo los estándares del Lloyd’s Register, la entidad internacional encargada de certificar la calidad de la construcción naval.
Según Cardama, los trabajos presentan un avance del 60% en la estructura de acero, y más del 90% de los equipos y materiales ya han sido contratados con distintos proveedores internacionales. Además, se asegura que el diseño de los buques cumple con las normas españolas y uruguayas, adaptadas a las necesidades operativas de la Armada Nacional.
El cronograma inicial preveía la entrega del primer patrullero a mediados de 2026, aunque los recientes acontecimientos podrían generar demoras si no se logra una pronta reanudación del proceso.
🔹 Mediación y señales de distensión
Tras varios días de tensión y declaraciones cruzadas, fuentes del gobierno uruguayo confirmaron que ambas partes han retomado el diálogo y trabajan en una mediación para continuar el proyecto. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que si el astillero presenta nuevas garantías que sustituyan las observadas, el contrato podría mantenerse vigente sin mayores inconvenientes.
La decisión de buscar una salida negociada ha sido interpretada como un intento de restablecer la cooperación institucional y preservar el interés nacional. “Debe primar la razón y el trabajo conjunto”, afirmó una fuente oficial, destacando que la meta sigue siendo dotar a la Armada uruguaya de los mejores buques posibles, cumpliendo con las normas internacionales y los compromisos asumidos.
🔹 Un proyecto clave para la Armada Nacional
Los dos patrulleros oceánicos representan una inversión estratégica para reforzar las capacidades marítimas del país, especialmente en tareas de control pesquero, patrullaje y vigilancia de la Zona Económica Exclusiva. Por ello, el desenlace del conflicto con Cardama es seguido de cerca por los sectores político, naval e industrial.
Mientras avanzan las gestiones de mediación, tanto el gobierno uruguayo como el astillero español coinciden en un objetivo común: retomar el rumbo del proyecto y garantizar que la construcción de los OPV se complete con los más altos estándares de calidad y transparencia.
Fuente: Enperspectiva/infodefensa.com/El Pais
Foto: RadioMundo/Enperspectiva
